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Cuautlancingo | Una grave crisis de inseguridad, severo desabasto de agua potable, así como opacidad y  dispendio de recursos públicos en la administración del morenista Omar Muñoz Alfaro, denunció la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional.

Junto con las regidoras Emma Ramírez y Aida Cano, además de la lideresa local, Mayra Ramírez Escamilla, el presidente y la secretaria general del PAN en Puebla, Mario Riestra Piña y Genoveva Huerta Villegas aseguraron que las malas condiciones que sufren actualmente las familias facilitarán a su partido la recuperación del gobierno municipal.

En rueda de prensa, afirmaron que están preparados para devolver la infraestructura, la salud, la seguridad y la tranquilidad que Morena le ha arrebatado a Cuautlancingo.

Mario Riestra Piña lamentó que ante la incapacidad de las autoridades en funciones se extrañan los buenos gobiernos de Acción Nacional.

Señaló que la gestión de Omar Muñoz Alfaro no ha logrado brindar seguridad a la población, pues permiten trabajar a policías sin certificación y han disminuido la cantidad de elementos, mientras que han aumentado 25 por ciento las denuncias por desapariciones y prevalece la delincuencia en inmediaciones y alrededores de los parques industriales.

El dirigente estatal del PAN sostuvo que es evidente la opacidad y el nepotismo en el ayuntamiento porque el alcalde presume donar su sueldo, pero en realidad mantiene a familiares en la nómina del ayuntamiento con un costo anual de dos millones de pesos para los contribuyentes de este municipio.

Además, resulta una ofensa gastar 22 millones de pesos en una feria cuando el municipio enfrenta desabasto de agua y colapsos en el drenaje, señaló.

 Por su parte, la secretaria general Genoveva Huerta Villegas señaló que la democracia en el país no es cara si se compara con los 30 mil millones de pesos gastados por el gobierno federal en el Tren Maya, recursos que deberían destinarse a medicinas y seguridad, por lo que Acción Nacional propone una reforma electoral para retirar el registro a partidos que usen recursos públicos de manera ilegal o tengan vínculos con el crimen organizado, ya que no se permitirá que el dinero de la gente se utilice para consolidar un proyecto autoritario.